Atrás quedaron las declaraciones de conciliación, las intenciones de igualar los intereses y acercar beneficios, como una forma para apaciguar las críticas y silenciar el debate. Parece que en la pelea entre el NOA y Cuyo por la llamada “ley del mosto” quedó relegada la etapa de mediación y negociación política, direccionándose hacia las posturas y estrategias bien definidas. “Si esto prospera, como lo dice el ministro de Producción de San Juan (Marcelo Alós), va a habilitar a una acción judicial”, adelantó el diputado nacional por Tucumán, Alfredo Dato.

El parlamentario del Frente para la Victoria (FPV) salió al cruce de los dichos del funcionario del gobierno sanjuanino, a cargo de José Luis Gioja, y anticipó qué acciones analiza el Gobierno de Tucumán ante un posible tratamiento de la iniciativa cuyana -permite la incorporación del zumo de la uva en el mercado nacional de endulzantes de gaseosas no alcohólicas, con beneficios fiscales-.

Alós había expresado el jueves que la “ley del mosto” es “muy acertada” y que los beneficiados son más que los perjudicados (por las economías regionales). Además, estimó que será sancionada “muy pronto”.

Dato se convirtió en las últimas semanas en la persona que habló en nombre de la administración de José Alperovich, ante la reserva de los funcionarios y el propio mandatario sobre el tema en disputa. Antes había cuestionado los fundamentos de Gioja y de legisladores cuyanos, además de criticar el aval del gobierno de la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci al proyecto.

En ese momento, afirmó que Catamarca “es un productor marginal de mosto y suena, cuanto menos, ingenuo decir que se crearán tantos puestos laborales con aquella iniciativa cuyana”.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia tucumana (CSJ) previno ahora que la aprobación del proyecto promovido por San Juan y Mendoza llevará a una resistencia por la vía legal, debido a que se “quebrará la equidad tributaria entre regiones y las producciones”.

“Con seguridad, la caída del precio del azúcar tendrá un perjuicio directo contra 8.000 cañeros, 270.000 hectáreas (cultivadas) y el empleo directo de la actividad azucarera. En ese sentido, seremos los más perjudicados. De ninguna manera vamos a aceptar que el debate llegue a la Cámara de Diputados. Esto (por el tratamiento) necesita la opinión de los sectores y que la sociedad tome nota del peligro para Tucumán la incorporación del mosto como endulante”, agregó el diputado.

Dato cree que la campaña a favor de la promoción del mosto de la uva es liderada por el gobernador de San Juan, por su ambición política (es presidenciable), teniendo en cuenta que Salta “no produce mosto” y que la cantidad de viñedos es minoritaria en Catamarca y La Rioja.

El polémico proyecto apunta a la modificación del artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos. En el texto se contempla una suba de las alícuotas, de un 8% a un 28%, para las bebidas analcohólicas que se elaboran con endulzantes artificiales o naturales. A su vez, se disminuye de un 4% a un 2,8% cuando se use 10% o más de jugos o zumo de frutas -filtrados o no-, provenientes del mismo género botánico del sabor, sobre cuya base se vende el producto a través de su rotulado. Eso significa que la alícuota será menor cuando se use endulzantes naturales similar a la gaseosa elaborada. El texto fue modificado después a favor de la producción de uva, frente a las críticas de las provincias azucareras, empresarios y gremios de la actividad. Se redujo el porcentaje de 28% a 18%, cuando las bebidas usen entre 5% y 9% jugo de fruta y un mínimo de 75% de azúcar.

“El pensar que el beneficio impositivo que se alcanzaría en aquella bebidas que tengan 75% de azúcar, hace caso omiso de los intereses ‘fructoseros’, que serán los directamente afectados”, dijo Dato, marcando también los efectos en contra la fructuosa de maíz y la reacción de esa industria nacional.

Desde una mirada técnico-impositiva, un informe particular del ingeniero, Pedro Gijón, y la cátedra de Química de Alimentos del Colegio León XIII, de la capital tucumana, planteó que los fabricantes de bebidas gasificadas o no, que utilicen jugos cítricos o frutales, se verán favorecidos por esta ley”. “Las empresas podrán eludir mayores impuestos con el reemplazo de endulzantes con el mosto”, afirmó Gijón, quien remarcó falencias en el proyecto.